Funcionarios judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura concluyeron el curso “El Poder judicial, Organización y Funcionamiento y Código de Ética y Conducta”, con el objetivo de actualizar sus conocimientos sobre la Institución y el Código, que se aplica a todos quienes integran el Poder Judicial, para utilizarlos de manera cotidiana en la vida laboral y colaborar en construir una institución fuerte, más profesional y eficaz en sus servicios al ciudadano.
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Buenos días
Con la autorización del pleno del Tribunal Superior de Justicia, me permito anexar a este correo, el comunicado interno No. UCSYP/01/2017.
La actualización del Código de Ética y Conducta, un cumplimiento del Poder Judicial
Mérida, Yucatán a 21 de febrero de 2017
El Poder Judicial es una institución fundamental que define con su trabajo la vida de los ciudadanos, al proveer un servicio de alta responsabilidad como es la impartición de justicia. Por tanto, los justiciables tienen altas expectativas sobre la forma en que nos conducimos, incluso más allá de nuestro ámbito laboral.
Anteriormente, se partía de la creencia de que aquellos que ocupan cargos públicos son personas respetables per se y que la ética era inherente a ellos.
Pero la trascendencia de la labor que desempeñan quienes de algún modo participan en los sistemas de impartición de justicia, a la luz del contexto nacional e internacional de la actualidad, exige ordenamientos que aseguren un actuar ético de los servidores públicos.
Es por ello que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961 y de la que México es parte desde 1994, propuso a los países miembros desarrollar una infraestructura ética como la piedra angular de una estrategia integral para contar con una serie de herramientas y procesos que regulen la conducta indeseable de los servidores públicos y ofrezca incentivos por buena conducta, los cuales fueron estandarizados en un solo método publicado bajo el título La ética en el servicio público, en 1997.
Una de estas estrategias que forma parte de esta infraestructura ética, es fomentar Códigos de conducta que determinen los valores y normas que guiarán y se aplicarán en el servicio público. Los Códigos de conducta, entonces, tienen un papel vital en el establecimiento de las normas de comportamiento esperadas particularmente en los gobiernos que pertenecen a la OCDE.
A la reglamentación de las conductas esperadas del servicio público, también deben integrarse mecanismos o actividades de socialización profesional tales como la educación y la formación en torno a la ética y la conducta. La OCDE ha considerado que el contenido de los Códigos de conducta es únicamente papel si no se comunica y se inculca de manera adecuada. Los servidores públicos aprendemos normas a través de mecanismos de socialización, por lo que, para estar alineados y poder cumplir con los propósitos mencionados, la capacitación es clave para tomar conciencia y desarrollar aptitudes para resolver dilemas éticos.
Y finalmente está el rubro de la gestión de estos estándares de ética, la cual sólo puede lograrse si hay condiciones sólidas de servicio público, basadas en políticas eficaces de recursos humanos y una coordinación de infraestructura, bien mediante un departamento u organismo central de gestión ya existente o mediante un organismo especial con competencias en materia ética.
En paralelo, México estableció, al principio de la presente administración, el “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”, donde se plantea la necesidad de poner énfasis en la gestión de desempeño de la administración pública y que tiene como una de sus líneas de acción “desarrollar programas, plataformas e instrumentos de formación permanente de servidores públicos sobre principios éticos”.
Entre estos se destacan, a nivel federal, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
En Yucatán, en abril del año pasado se publicó el Decreto 380/2016 por el que se que modificó la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia, incluyéndose el “Sistema Estatal Anti corrupción”.
En esta reforma se estableció que la Auditoría Superior del Estado (ASEY) es el órgano que se encarga de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos de todas las entidades del Estado, así como el correcto actuar de los servidores públicos estatales, y es éste órgano el que se encarga de evaluar el cumplimiento de las normas de control emitidas para tal efecto, verificando entre otras cosas la existencia de un código de ética y de conducta en el Poder Judicial, así como el conocimiento y estricto apego a este.
La norma señala que “los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.
De tal suerte que el Poder Judicial y sus órganos principales, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, están siendo exigidos permanentemente en el cumplimiento de los estándares de ética y conducta esperados.
Es en razón de todo este contexto que recientemente el Código de Ética vigente en el Poder Judicial del Estado tuvo su primera actualización en 10 años.
Estas modificaciones contemplaron la inclusión, para efectos de su aplicación, de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura, órgano que se creó después de la publicación del Código.
Con la actualización, la denominación actual de este ordenamiento es “Código de Ética y Conducta”, dado que, como miembro de organismos internacionales que impulsan estas políticas, nuestro país y por ende nuestro estado, son requeridos para ajustarse a lineamientos que favorezcan la gestión de la ética y la aplicación de sistemas que fomenten conductas acordes con ésta en el servicio público.
Por ende, el espíritu de esta actualización tiene que ver con el marco de transparencia y “gobierno abierto”, impulsados desde organismos internacionales pero también por parte del Estado Mexicano, los cuales buscan que los Estados democráticos propicien la rendición de cuentas, atajen la corrupción y transparenten la actuación de sus instituciones.
Es por ello que la actualización a nuestro Código de Ética y Conducta contempla la manifestación de apego al mismo y una evaluación.
El Código de ética y conducta del Poder Judicial del Estado de Yucatán recoge así un conjunto de principios adecuados para favorecer la ética en el servicio público velando por el buen funcionamiento de la institución en su responsabilidad con la impartición de justicia.
En su actualización nuestro Código de Ética y Conducta recoge estos principios, entre ellos el de la Institucionalidad.
Para leer y obtener una versión digital de nuestro Código de ética y conducta vigente, haz clik aquí
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03011.pdf
Comunicado Interno No. UCSYP/01/2017
Unidad de Comunicación Social y Protocolo del Poder Judicial del Estado