LA JUEZ RAMOS DURÁN ANALIZA LA REFORMA PENAL.

–La sociedad debe comprender que el nuevo sistema de justicia es un método para agilizar los procesos en los que se dicta una sentencia o se llega a un arreglo con la mediación –precisó la juez de garantías de Chihuahua María Alejandra Ramos Durán.

Como con el nuevo sistema cambia totalmente la estructura judicial, indicó, para eso se requiere escoger a gente con un perfil adecuado, que conozca los derechos fundamentales, saber qué hacer cuando se está frente a ciertas personas como las víctimas e incluso tratar con respeto a los delincuentes más peligrosos.

Por lo que respecta a los juicios orales, Ramos Durán indicó que estos procesos han contribuido a despresurizar el sistema judicial de esa entidad. “Sólo cuando la víctima y los acusados no pueden llegar a un arreglo o el estado decide llevar lo punitivo a juicios extremos es cuando se aplican; todo lo demás lleva a la recomposición social basados en medios de arreglos”.

La juez Ramos Durán recordó que el nuevo sistema de justicia penal empezó a aplicarse en Chihuahua en el año 2007 de manera progresiva. La primera etapa de los cambios en el Código de Procedimientos Penales ocurrió en el distrito Morelos con cabecera en Chihuahua, la segunda etapa en el distrito judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, y a mediados del 2008, en julio, concluyó en toda esa entidad norteña.

Explicó que antes los partidos políticos representados en el Congreso de Chihuahua se pusieron de acuerdo de manera unánime para establecer un sistema en el que no se creía en el resto del país.

Entonces se anunció la aplicación de un nuevo sistema que implica no sólo el cambio del procedimiento penal, sino de la estructura de la Procuraduría y la Defensoría Pública, la cual es separada del Poder Judicial y ahora depende de la Secretaría General de Gobierno, aunque lo ideal sería que fuese autónoma.

Además, indicó, se hicieron cambios a la policía, se crea una encargada de vigilar las salas de audiencias, los edificios, que a los procesados se les cuide según su nivel de riesgo y que cumplan cuando estén en libertad pero bajo medidas dictadas por un juez.

Ramos Durán comentó que en su momento el ejecutivo chihuahuense invirtió cuantiosos recursos en infraestructura para este nuevo sistema. “Se tuvo claro que la inversión iba a ser fuerte, pero una sola y fue una de las cosas buenas que se hicieron”, añadió.

“Sin duda hubo muchas resistencias, antes de conocer yo misma en qué consistía el sistema, consideraba que no representaría gran avance, pero al entender que el cambio no era una mera imagen, sino una manera de salvaguardar de mejor forma los derechos fundamentales de las víctimas, entendí su razón de ser, me encantó y me comprometí”, señaló.

Comentó que la selección de los operadores, defensores públicos y jueces, fue mediante una convocatoria pública con la participación de más de 200 personas. El primer filtro fue una entrevista con un equipo integrado por un magistrado, un representante del ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno o un alto funcionario de la Procuraduría, y un diputado del Congreso.

De ahí se seleccionaron a 90 personas para la siguiente etapa, que fue un curso de dos semanas que impartió el juez Fabio Passalacqua Hermosilla, de Valparaíso, Chile, quien les aplicó un examen y a quienes obtuvieron las más altas calificaciones se les dieron cursos intensivos para que se conviertan en jueces de garantías.

Comentó que en ese lapso hubo dificultades porque la Constitución General de la República no estaba reformada y tenían que ajustarse a ella. La última selección fue la simulación de seis audiencias, una de control de detención, una de procedimiento abreviado, una de suspensión del proceso prueba, una de acuerdo reparatorio, de intermedio y de orden de aprehensión.

“Cada uno daba de manera secreta su evaluación al consejo integrado por los tres poderes del Estado, las barras de colegios de abogados y tras ello hubo una evaluación teórica, se llamó a las universidades, la Autónoma de Chihuahua, a la Autónoma de Ciudad Juárez y al Instituto Tecnológico de Monterrey y a la Universidad del Norte; ellos formularon cien preguntas cada uno y luego se seleccionaron los reactivos aleatoriamente para el examen”. Con esa base y en el perfil de la gente, quedaron 12 jueces de garantía y seis orales, así como doce defensores. En la actualidad son 12 jueces de garantía y seis orales en Chihuahua; en Ciudad Juárez hay 15 jueces de garantía y nueve orales; y en el resto del Estado son nueve orales y aproximadamente 24 de garantía.

Ramos Durán comentó que ha viajado por veinte entidades federativas capacitando a los servidores públicos y participó en la elaboración del Código Modelo.

Actualmente ella es directora de la Escuela Judicial y juez de garantías. En los procesos en Chihuahua hay tres etapas, en la primera el Ministerio Público se dedica a investigar, cuando considera que tiene pruebas suficientes acude ante el juez y le pide aplicar el artículo 19 constitucional y que siga el procedimiento; el juez exige agilidad al Ministerio Público y luego él decide qué pruebas son lícitas, pertinentes, cuáles sirven y decide si el juicio se lleva a cabo. Entonces entra en funciones otro juez, ya no es el que conoce las dos primeras etapas, sino uno que no sabe nada, alguien no contaminado que sea absolutamente imparcial, es el filtro que absorbe todo, se desahogan las pruebas y con base en eso, el juez dicta sentencia.