Los profesionales del derecho Luis Felipe Esperón Villanueva, Santiago Altamirano Escalante, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez y Leticia del Socorro Cobá Magaña se incorporaron –en su carácter de magistrados¬– al pleno del Tribunal Superior de Justicia en sesión solemne realizada por motivo de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional local en materia de fortalecimiento del Poder Judicial del Estado.
En la misma ceremonia, se llevó al cabo la instalación del Tribunal Superior de Justicia en Tribunal Constitucional, que tendrá la facultad de dirimir las controversias que se susciten respecto a la interpretación de nuestra constitución.
Los juzgadores fueron recibidos por sus colegas magistrados Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura; Ligia Aurora Cortés Ortega, Adda Lucelly Cámara Vallejos, Jorge Rivero Evia, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo.
Al evento asistieron, entre otros funcionarios judiciales, abogados postulantes, notarios públicos, representantes de las fuerzas armadas, legisladores y servidores públicos, la gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Lic. Mauricio Sahuí Rivero, la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, el Fiscal General del Estado, Lic. Héctor Cabrera Rivero y el Lic. Sergio Cuevas González, titular de la Consejería Jurídica. La integración de los magistrados se da en cumplimiento al decreto del Poder Legislativo que los nombró el 24 de febrero.
Con la entrada en vigor de esta reforma, el Tribunal Superior de Justicia se fortalece como la máxima autoridad del Poder Judicial y es integrado por once magistrados, quienes tendrán su respectivo suplente para casos de ausencias mayores a tres meses, funcionará en Pleno y en Salas, las cuales podrán ser unitarias o colegiadas.
En este sentido, el magistrado Celis Quintal expresó que “la trayectoria profesional de los nuevos miembros del Poder Judicial, nos permiten augurar un nuevo impulso y un renovado dinamismo en nuestra institución.
“Estamos seguros de que su ayuda será de gran valor para afrontar de mejor manera los cambios que hemos venido realizando en la edificación de un órgano judicial más sólido.”
De igual manera, este día, por disposición constitucional, los tribunales administrativos de nuestra entidad, esto es, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado, se han incorporado al Poder Judicial, ¬–expuso el magistrado Celis Quintal.
“La razón es muy sencilla, pero contundente: en un adecuado esquema de división de poderes, los órganos que imparten justicia deben estar adscritos al Poder Judicial.
“Con su incorporación, los tribunales administrativos ganan en autonomía material, pues gozarán de las prerrogativas y garantías que las Constituciones Estatal y Federal consagran en favor de la magistratura y se insertan en el sistema de carrera judicial.”
Tribunal Constitucional
Por otra parte, será el Tribunal Constitucional el que resuelva sobre las discusiones constitucionales que se produzcan entre el Estado y los municipios; entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; entre dos o más municipios del Estado, siempre que no se trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; y entre uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros organismos o poderes del Estado o municipios.
Ese Tribunal también conocerá de las acciones de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter general, ya sea del ámbito estatal o municipal que se consideren contrarias a lo establecido en la Constitución Política del Estado y que sean promovidas por el Poder Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, el treinta y tres por ciento de los regidores del Municipio promoverte y por los organismos públicos autónomos cuando se trate de asuntos relacionados a la materia de su competencia.
Del mismo modo, regulará sobre las acciones contra la omisión legislativa o normativa, que sean imputables al Congreso, al Gobernador o a los Ayuntamientos, por la falta de expedición de las normas a que estén obligados por la Constitución.
Asimismo, el nuevo Tribunal podrá resolver sobre las cuestiones de control previo respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por el Pleno del Congreso del Estado y hasta antes de su promulgación y publicación. Este procedimiento podrá ser promovido por el Gobernador, el treinta y tres por ciento de los integrantes del Poder Legislativo, el Fiscal General del Estado, también por los titulares de los organismos públicos autónomos y por los presidentes municipales en el ámbito de su competencia.
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, señaló que “la reforma Constitucional fortalece al Poder Judicial. Un poder judicial fuerte, es un poder judicial independiente. Un poder judicial independiente, es garantía de una justicia pronta e imparcial. Una justicia pronta e imparcial tiene como consecuencia ciudadanos libres, seguros y en armonía con sus semejantes.”
En la sesión también estuvieron presentes los consejeros de la judicatura del Poder Judicial Géner Echeverría Chan, Fanny Guadalupe Iuit Arjona, Jorge Arturo Rodríguez del Moral y Melba Angelina Méndez Fernández.