En colaboración, los Poderes del Estado transforman el marco jurídico de Yucatán para mejorar la impartición de justicia y mantener la seguridad: Marcos Celis Quintal
Mérida, Yucatán 09 de febrero de 2012.-Hoy existe en Yucatán un ánimo de colaboración y coordinación entre Poderes, que ha generado la más trascendente transformación de su marco normativo local, permitiéndo al Poder Judicial cumplir de mejor manera su función de impartir justicia, fin esencial del Estado, expresó hoy el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal.
En una ceremonia realizada en la sede del Poder Judicial, en la que se firmó un Convenio Marco con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el Magistrado Celis Quintal señaló que dicha firma formaliza las buenas relaciones entre ambos poderes, las cuales han sido de colaboración permanente y han traído como consecuencia el mejoramiento y actualización profunda del marco jurídico estatal.
Explicó que hace unos meses, la Legislatura del estado aprobó una de las reformas más trascendentes a la Constitución Política, en la que se transformaron más de 60 artículos de nuestra Carta Magna Local, “lo que va más allá del cumplimiento de una obligacion para dar entrada en Yucatán al sistema de justicia acusatorio y oral en materia penal”.
“Más bien estamos aprovechando la coyuntura de establecer este sistema para transformar la estructura organizacional del Poder Judicial y fortalecerlo en su independencia, de modo que aún en las coyunturas siempre cuente con las herramientas normativas para cumplir con la tarea que la sociedad le encomienda”, señaló
Celis Quintal reconoció al Poder Legislativo , ya que “de manera clara y visionaria ha entendido que la justicia se mejora transformando al Poder Judicial, fortaleciéndolo para que pueda brindar un mejor servicio a la sociedad”
Por su parte, continuó, el Poder Judicial ha trabajado en la misma sintonía al proponer iniciativas encaminadas a mejorar la impartición de justicia, algunas de ellas en colaboración con el Ejecutivo.
“Se dice que la tarea de la impartición de justicia y la seguridad son dos funciones indispensables para que pueda existir un estado, una sociedad y en virtud de ello una armonía social. Precisamente en ese contexto, la reforma penal que trae en cascada cambios procesales en todas las materias, no se hubiera podido dar si no se daban esos elementos de fortalecimiento, consolidación y estabilidad en el Poder Judicial”, señaló.
El Convenio fue firmado, por la parte del Legislativo, por el Dip. Víctor Edmundo Caballero Durán en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y por el Dip. Juan José Canul Pérez como Presidente de la mesa directiva, así como por Jaime Izmael Magaña Mata, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán.
Por su parte, elPresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Dip. Víctor Edmundo Caballero Durán confirmó que para el Poder Legislativo la coordinación con el Judicial ha sido fundamental y lo seguirá siendo.
“La división de Poderes no implica la división de proyectos”, aseguró al participar en la ceremonia.
Además del Magistrado Celis Quintal, estuvieron presentes en la ceremonia de firma los Magistrados Ligia Aurora Cortés Ortega, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Luis Felipe Esperón Villanueva, Adda Lucelly Cámara Vallejos, Jorge Rivero Evia, Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez, Leticia del Socorro Cobá Magaña y Santiago Altamirano Escalante.
También estuvieron presentes los Consejeros de la Judicatura Melba Angelina Méndez Fernández, Fanny Guadalupe Iuit Arjona, Gener Echeverría Chan y Jorge Arturo Rodríguez del Moral.
El Convenio firmado establece bases de colaboración e intercambio para participar en programas, proyectos, actividades e investigaciones de interés recíproco, en el ámbito de materia legislativa y judicial, el Congreso Local y el Poder Judicial, cuyos resultados sean congruentes y beneficien a las política de desarrollo institucional de ambas partes y coadyuven al enriquecimiento de la cultura de la legalidad e investigaciones legislativas y judiciales.
