Vinculan autoridades judiciales a una persona por el delito de fraude
Mérida, Yucatán a 13 de abril de 2015.- Una persona fue vinculada a proceso penal por el delito de fraude, de acuerdo con una resolución de la jueza de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del estado, Suemy del Rosario Lizama Sánchez.
En la sala 1 del Centro de Justicia Oral de Mérida se llevó a cabo esta mañana la audiencia de vinculación a proceso para determinar la vinculación del imputado solicitada a la jueza por los fiscales investigadores quienes integraron una carpeta de investigación sobre el caso. En dicha audiencia también estuvieron presentes la víctima y la imputada con sus dos defensores particulares.
Al momento de solicitar la vinculación, los fiscales establecieron ante la jueza de control del Poder Judicial del estado, las circunstancias del hecho, así como los datos de prueba consistentes en actas de querella y entrevistas recabadas durante la investigación, la defensa por su parte solicitó el auto de no vinculación argumentando que los datos mencionados por los fiscales no comprueban el delito ni la probable participación de su defendida.
La jueza Lizama Sánchez, después de escuchar a ambas partes, cerró el debate, analizó y encontró que los datos de prueba mencionados por los fiscales permitieron esclarecer la existencia de un hecho delictuoso y la relación de la persona imputada en la comisión de mismo, por lo que dictó la vinculación a proceso.
Seguidamente, los fiscales solicitaron la imposición de medidas cautelares consistentes en la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir del Estado y la obligación de presentarse a firmar en la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado por el tiempo de tres meses, así como también solicitaron el plazo de un mes para el cierre de la investigación.
La defensa por su parte, se manifestó inconforme por la imposición de la medida cautelar consistente en la presentación de una garantía económica y pidió tres meses como plazo para el cierre de la investigación.
La jueza Lizama Sánchez encontró la necesidad de cautela y accedió a las medidas solicitadas por los fiscales, las cuales son: la presentación de una garantía económica consistente en $5,739.30 pesos que deberá presentar la imputada en los siguientes cinco días hábiles, la prohibición de salir del Estado y la obligación de presentarse cada 15 días en la Dirección de Control de Procesos en la Fiscalía General del Estado, esto será por el tiempo de tres meses.
Asimismo, la autoridad judicial fijó el plazo de tres meses, solicitado por la defensa, para el plazo para el cierre de investigación que vencerá el 12 de julio del presente año.
Los hechos que dieron origen al caso 32/2015 de este juzgado de control, ocurrieron el 18 de febrero de 2015 en esta ciudad. La parte acusadora estableció que la imputada recibió la cantidad de $70,000 de manera indebida haciendo uso del engaño y usándolos para fines distintos a los que supuestamente debían destinarse.
