Independencia en la labor judicial, única forma de mantener y fortalecer el Estado democrático de Derecho
Mérida, Yucatán a 10 de abril de 2015.- Los representantes de 18 países de América Latina reunidos en la 64a Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) destacaron la importancia de contar con jueces y juezas independientes en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales, como un requisito previo al principio de legalidad y como única forma de mantener y fortalecer el Estado Democrático de Derecho.
En el documento concluyente "Declaración de Yucatán", que reúne las consideraciones planteadas por los participantes al término de esta cumbre que duró tres días, se establece que uno de los requisitos indispensables para la independencia judicial es la autonomía financiera que le permita a cada Poder Judicial abordar sus tareas de manera profesional, sin depender de los vaivenes políticos.
Señalaron que países como El Salvador, Perú, Puerto Rico y República Dominicana enfrentan actualmente déficits presupuestarios, como consecuencia de una asignación insuficiente de recursos para cumplir con una correcta y pronta administración de justicia.
Aunado a esto consideraron que la independencia que pretenden preservar debe considerar no sólo remuneraciones dignas durante la vida laboral de los jueces y juezas, sino que también fondos de retiro que permitan vivir adecuadamente una vez finalizada la actividad laboral jurisdiccional.
La lectura de este documento estuvo a cargo de la representante de Chile, jueza Nancy Bluck, acto que precedió a la ceremonia de clausura, encabezada por el presidente de la FLAM Wilfredo Sagastume Henríquez, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Edgar Elías Azar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán Marcos Alejandro Celis Quintal y del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán en representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, así como autoridades civiles y militares del Estado.
En la Declaración de Yucatán, los países pertenecientes a la FLAM expusieron que la independencia de los jueces y juezas exige también "el establecimiento de sistemas que aseguren que sus nombramientos, permanencia y retiro estarán precedidos sólo de consideraciones de mérito y desempeño, eliminando toda subjetividad o discrecionalidad en estas materias".
Asimismo, consideraron que, no obstante todos los esfuerzos desarrollados en aras de salvaguardar la independencia judicial, existe un aumento significativo de los fenómenos de interferencia al interior de los distintos poderes judiciales latinoamericanos bajo el pretexto de procesos disciplinarios, que no cumplen estándares mínimos de debido proceso y que muchas veces son utilizados para cuestionar el contenido de decisiones jurisdiccionales que resultan adversas a los gobiernos de turno o a grupos de poder político o económico.
En la ceremonia de clausura, el presidente de la FLAM, Sagastume Henríquez, expresó que las consideraciones a que arribaron los países participantes en esta cumbre son sólo el inicio para darle continuidad a todos los problemas que fueron presentados por las naciones participantes.
"Nos quedamos con el compromiso para ir ejecutando cada una de las acciones que se nos han demandado", dijo el magistrado.
Por su parte, la presidenta de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), Cristina Crespo Haro, expresó su complacencia por el trabajo realizado en esta cumbre, los cuales implicaron un trabajo serio por la independencia y bienestar de los jueces.
“Los jueces son parte de los actores de la sociedad y en este trabajo no queremos privilegios, sino resolver problemas comunes”, expuso.
En su oportunidad, el magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal expresó que la Federación Latinoamericana de Magistrados y el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados han sido importantes foros de reflexión multilateral, que han fortalecido nuestras instituciones y han contribuido a imaginar soluciones duraderas a problemas compartidos.
"Estructurado en torno a la intención de que los poderes judiciales se erijan en actores fundamentales de la consolidación democrática en nuestros Estados, este espacio de reflexión e intercambio también ha promovido la plena observancia de los derechos humanos, así como el entendimiento necesario para que florezcan los valores políticos democráticos; todos ellos, principios con los que el Poder Judicial mexicano mantiene un firme compromiso", aseguró el magistrado Celis Quintal.
"Más allá de la tradición jurídica y la ubicación geográfica de cada uno de nuestros tribunales, el lenguaje, ya universal de los derechos humanos, devela una verdad común: que los problemas y retos que enfrenta un juzgador, al realizar su trabajo, son universales", dijo.
Aseguró que uno de los propósitos de la Asamblea fue confirmar la voluntad de México y de Yucatán, de asumir a plenitud su papel como integrante de la Federación Latinoamericana de Magistrados y de la Unión Internacional de Magistrados; y propiciar el diálogo entre naciones: creemos que los Tribunales y Cortes de Iberoamérica, pueden y deben dialogar en beneficio de las sociedades a las cuales sirven.
Por su parte, el presidente de la Comisión. Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, reconoció "el esfuerzo inusitado por primera vez en la historia de la judicatura local por parte del gobierno federal” en cuanto a la asignación de recursos.
"Reconocemos el apoyo financiero que hemos recibido por parte de la Federación, ya que se han recibido cantidades importantes presupuestales por parte del gobierno en todas las entidades", aseguró.
Sin embargo, resaltó que un problema que es común a todos los países es la necesidad de levantar la voz, a través de la FLAM, para poder lograr el viejo sueño de las judicaturas latinoamericanas para lograr su independencia y autonomía, ya que aún no cuentan con mecanismos fluidos y válidos para la obtención de recursos "que sean independientes de la generosidad que pudiera tener el gobernador del estado con su tribunal local".
En la declaración de Yucatán, por su parte, destacan los siguientes puntos:
1.-Exhortamos al gobierno de Honduras para que cese de inmediato en el uso de instrumentos invasivos como es el polígrafo, que vinculan en forma completamente injustificada a los jueces y juezas de ese país con organizaciones delictivas, afectando de paso la dignidad de la judicatura hondureña y generando un temor que socava el sistema democrático de derecho;
2.-Insistimos en la necesidad de que los gobiernos de Latinoamérica aseguren el ejercicio de la magistratura en condiciones que eliminen toda posibilidad de atentados a la integridad física y psicológica de los jueces y juezas de nuestros países;
3.-Instamos a las autoridades competentes de los países de América Latina a desarrollar sistemas que garanticen la independencia judicial mediante el aseguramiento del acceso, permanencia y cese en los cargos judiciales conforme a parámetros de mérito y desempeño que eliminen todo espacio de arbitrariedad;
4.-Requerimos a las autoridades políticas de nuestro continente el establecimiento de sistemas presupuestarios y remunerativos que permitan el desarrollo de las tareas jurisdiccionales en condiciones materiales adecuadas, asegurando la debida autonomía de nuestros poderes judiciales así como remuneraciones que sean dignas y coherentes con la importante tarea que le ha sido encomendada a los jueces y juezas, única forma de eliminar toda posibilidad de injerencias indebidas por partes de grupos de poder económico, político o de cualquier otra índole;
5.-Rechazamos en forma enérgica la utilización de procedimientos disciplinarios como mecanismos explícitos o encubiertos para influir en la decisión jurisdiccional o sancionar a los jueces o juezas que dictan resoluciones que no son del agrado de las autoridades políticas, legislativas o judiciales de grado superior.
6.-Apoyamos las gestiones desarrolladas por la Asociación Nacional de Magistrados de Perú y por ello solicitaremos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue a dicha Asociación el trámite prioritario per saltum, previsto en el artículo 29 de la Comisión con el objeto de impedir que el transcurso del tiempo le quite eficacia a la legitima pretensión peruana. De la misma manera, acompañamos a los hermanos de Perú con el objeto de que se les conceda una audiencia preliminar en el próximo período de sesiones ordinarias de la mencionada Comisión.
7.-Hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema de Chile, para que se abstenga de reglamentar procedimientos relacionados con el nombramiento de los jueces, su régimen disciplinario y el gobierno judicial, al margen del debate democrático e invadiendo atribuciones de los poderes legisladores e instamos al mencionado máximo Tribunal a otorgar pleno reconocimiento a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile como único y legítimo representante de los jueces y juezas chilenos.
