Palabras del Señor Magistrado Marcos A. Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, con motivo de la celebración del XCVIII Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Hoy, los tres Poderes del Estado conmemoramos 98 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Noventa y ocho años, que abarcan el mayor periodo de continuidad y estabilidad de la constitucionalidad en México. Estamos hablando de casi un siglo del mismo constitucionalismo y de una misma tradición constitucional.

México es la historia de sus constituciones y de sus instituciones. Asociar el país a la norma fundamental es reconocer que existe una forma de ser y un perfil de nuestra Nación. México es su Constitución.

La Constitución Política de 1917 es, justamente, el resultado de un proceso constitucional de más de un siglo, cuyo punto de partida pudiera ubicarse en los Sentimientos de la Nación.

A iniciosdel siglo 20, después de una revolución armada -muy cara y costosa en términos de paz y de vidas-, nuestro Constituyente de 1916-1917 se decidió por un proyecto de Nación que hoy persiste, y que nos ha permitido estabilidad y continuidad.

La República que hoy tenemos, democrática, federal, laica, con derechos y libertades, y división de poderes, constituye, sin lugar a dudas, un avance civilizatorio, un gran logro político y de nuestra historia y, sobre todo, un acuerdo fundamental de todos los mexicanos.

Los diputados al Congreso Constituyente de 1916-1917 tuvieron la capacidad de entender su papel histórico como constructores de un nuevo orden político y social.

Tenemos razones suficientes para celebrar la fortaleza y la vigencia del legado que los Constituyentes del 17 nos dejaron, a partir de la herencia que, a su vez, recibieron de los liberales de 1857.

En ese contexto, recordemos que la lucha entre hermanos iniciada en 1910, derivó, en buena medida, de la inobservancia de los principios constitucionales de 1857, que buscaron hacer, de la nuestra, una Nación más justa y libre para todos.

La Constitución fue la apuesta de nuestros mayores por evitar que eso que ellos padecieron, no nos sucediera a nosotros. Debemos agradecer esa contribución, con la humildad de quien sabe que debe proteger algo valioso que le ha sido legado.

Ese gran legado político, cultural y social de la Revolución es, sin duda, la Constitución de 1917. Debemos tener presente que los mexicanos respondimos a una revolución armada y violenta, con la con un estatuto normativo que sentara los cimientos de un México en Paz, de un México de instituciones, de un México que forja a cada instante la justicia social.

Hoy, como entonces, la mejor respuesta a la violencia es y debe ser la respuesta constitucional condensada en leyes e instituciones.

Desde 1917, México ha vivido continuidad constitucional en paz. La paz, que se vive entre leyes e instituciones, y de la cual, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, nos hemos beneficiado.

Debemos estar satisfechos de haber sabido mantener la estabilidad de un régimen constitucional que, sigue la tradición liberal de 1857 y la renovó con normas de contenido social, que pusieron a México en la cúspide del constitucionalismo universal.

 La contribución de Yucatán constitucionalismo nacional y universal resulta de enormes proporciones. Nuestra entidad ha aportado a través de sus más preclaros hijos, las instituciones jurídicas más importantes de México al mundo: la defensa de los derechos humanos a través del juicio de amparo y los derechos sociales, particularmente los derechos laborales consagrados en el artículo ciento veintitrés.

 Así, la Constitución yucateca de 1841, es el acta de nacimiento del juicio constitucional de amparo, obra de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. 

 La Constitución de 1841 que contiene el juicio de amparo, representó un impacto constitucional sin precedentes en el sistema constitucional mexicano.

El alcance del artículo 123 constitucional no puede leerse separado de los principios socialistas del diputado constituyente don Héctor Victoria Aguilar. Además de crear bases constitucionales que permitieran legislar en materia de trabajo, este insigne yucateco planteó, entre otras, la jornada máxima, el salario mínimo y el descanso semanal.

Yucatán ha sidoepicentro de nuestra historia constitucional.

México tiene una Constitución que, desde 1917, ha sabido adaptarse a los momentos históricos de la vida nacional y recoger las aspiraciones de los mexicanos. Hoy, tenemos una Constitución más amplia en la tutela, defensa y garantía de los derechos humanos.

Nuestra Constitución tutela, en el pujante siglo veintiuno, una esfera de derechos y libertades mucho más amplia y más rica que la que imaginaron los Constituyentes del 17, hace 98 años. Donde el texto original decía “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución”, hoy plasmamos en nuestra Carta Magna “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales”.

De ello, también debemos sentirnos orgullosos y agradecidos con nuestros padres y abuelos, y al mismo tiempo, responsables ante nuestros hijos y nietos.

Una Constitución con visión transformadora como la nuestra a la vez mantiene los valores e instituciones que animaron el espíritu del constituyente de 1917.

Hay valores en la Constitución que tienen continuidad y permanecen. No cambia la existencia de una nación pluriétnica y diversa en el concierto de las naciones; no cambia la amplia tutela y defensa de los derechos humanos; no se altera el diseño constitucional basado en el principio de división de poderes; no cambia la esencia de un Estado laico.

Hoy, la Constitución fomenta la estrecha colaboración entre los Poderes. Por ello, contribuimos, con pleno respeto a la división de poderes, para que en Yucatán, los derechos fundamentales sean definitiva y efectivamente salvaguardados.

Nuestro acuerdo constitucional, convoca a los Poderes del Estado a apuntalar la nueva concepción jurídica del país. En Yucatán se concluyó ya el proceso de implementación en todo el territorio del Estado, la trascendente reforma constitucional de 2008 en materia penal de dos años antes del límite para su adopción a  nivel nacional, en junio de 2016. También impulsamos con diligencia las nuevas reformas constitucionales en materia de derechos humanos y las relacionadas con el funcionamiento del régimen político.

La historia misma nos ha enseñado dolorosamente que cuando nos dividimos, perdemos como Nación, en tanto los adversarios de la legalidad y de las instituciones ganan.

En Yucatán gobierno y sociedad compartimos, al trabajar hombro con hombro y en armonía constitucional, la visión común de que a través y solo a través de ella, podemos construir la fuerza y la prosperidad de nuestro estado, así como el bienestar de sus habitantes.

La fuerza del Estado depende de este trabajo conjunto, realizado con un claro entendimiento de la función constitucional que cada institución le ha sido asignada.

Todo ello, sin olvidar a los derechos humanos, que explican a cualquier Estado constitucional y democrático como el nuestro.

Yucatán asume con entereza los retos de una nueva era en materia de protección de los derechos humanos, que transforma al sistema jurídico yucateco, poniendo en el centro del funcionamiento del Estado, precisamente a los derechos humanos imprescindibles de las personas, en un marco de libertad democrática.

La historia nacional nos recuerda que el deber de obedecer la ley, no se logra sacrificando derechos.

Lo que debemos hacer las instituciones, es poner, con equilibrio y ponderación, los derechos y libertades por encima de cualquier otro interés. No son formalismos, ni son legalismos; son derechos fundamentales que debemos respetar y proteger en beneficio de todos.

 El nuevo paradigma constitucional nos exige a todas las autoridades, un alto grado de compromiso, para velar por el pleno respeto a los derechos y las libertades. Cada una con su función constitucional y atribuciones. Cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. Cada una honrando al régimen constitucional.

Señoras y señores:

Recordemos siempre que la principal tarea constitucional del Estado Mexicano, después de la Revolución de 1910, es la justicia.

El Poder Judicial apela a ese proyecto constitucional, a ese valor constitucional, en cada una de sus resoluciones.

Nuestro trabajo consiste precisamente, en hacer realizables esos valores, en hacer realidad esos principios; en tratar de ajustar el comportamiento de personas, órganos y poderes a la regularidad constitucional. Para eso sirven las instituciones.

Es lo que hoy conmemoramos: la institucionalización de México a través de una Constitución.

Por ello, en todo momento debemos encontrar las soluciones dentro de la Constitución. Debemos mantener la continuidad histórica de la Nación, dentro de la Constitución.

La Constitución representa nuestras más altas aspiraciones y la guía en nuestro camino, la Constitución nos da rumbo y certidumbre; es la oportunidad diaria de forjar un país donde impere una claridad de derechos.

El aniversario de nuestra Constitución es una extraordinaria oportunidad para, a través de ella, pensar en el México y el Yucatán que queremos para la sociedad de hoy, pero también la de nuestros hijos y la de los hijos de nuestros hijos.

Por ello, entendamos de una vez por todas que México y Yucatán solo podemos tener rumbo, solo podemos aspirar a un futuro de paz y prosperidad, sólo podemos afrontar los formidables retos del siglo XXI, honrando nuestra Constitución,  cumpliéndola y haciéndola cumplir.

Muchas gracias.