Inicia seminario sobre derechos humanos y nuevo sistema penal en el Poder Judicial del Estado
Mérida, Yucatán a 16 de octubre de 2014.- Con la participación de más de 200 funcionarios de instituciones de procuración e impartición de justicia del estado, así como de la defensa de Derechos Humanos y defensores públicos, inició hoy el seminario "Derechos Humanos, proceso penal acusatorio y valoración de pruebas" que impartirá hasta el día de mañana el reconocido catedrático, Investigador y especialista en el sistema acusatorio y oral Dr. Enrique Díaz Aranda.
En la ceremonia de inauguración de este seminario, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Ernesto Herrera Noveló, en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, expresó que en Yucatán se sigue perfeccionando la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, para beneficio de la sociedad.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, llevó a cabo la declaratoria inaugural del seminario, que en total durará 20 horas.
Dijo que el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), que inició su funcionamiento el 3 de junio pasado, es una muestra fehaciente de la gran inversión en infraestructura, además de lo que se ha invertido en capacitación y formación de quienes participan en la impartición de justicia en el nuevo sistema penal.
“Hoy tenemos un edificio como el CJOM, que cumple enteramente con las especificaciones que se requiere para este sistema y para que genere mejores estadios de justicia en Yucatán”, señaló el magistrado Celis Quintal.
Agradeció el apoyo de los magistrados y consejeros para llevar a cabo este seminario con la presencia de una persona como el Dr. Díaz Aranda que cuenta con el más alto nivel del conocimiento jurídico, pero particularmente hizo patente su agradecimiento a la magistrada Ligia Aurora Cortés ortega, coordinadora del evento.
En su exposición de hoy, el Dr. Díaz Aranda repasó los principales aspectos de la reforma penal de 2008 y de la reforma constitucional de 2011, que consigna el espíritu de nuevo sistema que es proteger al inocente, que el delito no quede impune y que la víctima sea reparada en el daño, mediante un debido proceso que respete los derechos humanos de las personas.
