Palabras del Señor Magistrado Marcos A. Celis Quintal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, pronunciadas ante la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de Yucatán, con motivo de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Primer Distrito Judicial del Estado

Mérida, Yuc., a 02 de junio de 2014.

Señor licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. Su presencia en este acto nos distingue y motiva, a la vez que nos llama a reflexionar sobre la transcendencia de la responsabilidad que ahora como Estado asumimos. Y nos compromete a poner nuestro mejor esfuerzo para la exitosa implementación del sistema penal acusatorio y oral en el Primer Distrito Judicial y, con ello, en todo el territorio del Estado.

Señor licenciado Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de Yucatán. Su liderazgo y su involucramiento personal en cada uno de los detalles del proceso de implementación de la reforma penal y del fortalecimiento de cada una de las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal acusatorio y oral, permiten augurar que esta etapa fundacional de la justicia en Yucatán, cuente con los mejores condiciones para que el nuevo sistema de justicia penal siente raíces fuertes y duraderas.

La justicia es una de las tareas esenciales de todo gobierno. Sin justicia una sociedad está destinada al caos y el estancamiento. Una buena  justicia es piedra  angular de la armonía social y del desarrollo de la comunidad en todos sus ámbitos. Y es precisamente la justicia, la justicia penal, la que hoy nos convoca y reúne. Hoy, Yucatán, como todo México, se encuentra inmerso en una revolución procesal, principalmente en materia penal, cuyo resultado será una mejor justica, a través de la instauración de un sistema penal adversarial de corte acusatorio y oral.

En las próximas horas, después de un largo proceso de planeación e instrumentación, inicia el sistema de justicia penal acusatorio y oral en el Primer Distrito Judicial y, de esta manera, su entra en vigor en todo el territorio estatal y en todos los tipos de delitos.

Ha sido un proceso de trabajo ilimitado en todas y cada una de las instituciones  involucradas en el proceso. En este proceso, los tres Poderes Públicos del Estado de Yucatán en su conjunto hemos asumido el reto de cambiar de paradigma, para edificar y renovar su diseño institucional, su infraestructura física, sus métodos de trabajo, pero sobre todo, cambiar de mentalidad para hacer nuestro un sistema de enjuiciamiento que nos brinda elementos para una justicia penal más ágil y efectiva.

Es preciso señalar que un cambio tan trascendente no puede ser tarea de un solo Poder o institución. Los esfuerzos aislados serían un camino equivocado destinado al fracaso. La justicia penal es un sistema integral que incluye a los cuerpos de seguridad pública, a la institución del Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado; al Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, a los diputados, a los magistrados, a los jueces y a los Órganos Administrativos de este Poder Judicial, a universidades, a organizaciones de profesionales del derecho, a la sociedad civil, al foro jurídico y, en general a toda la sociedad.

En Yucatán todos y cada uno de los componentes del sistema de justicia penal han empeñado su talento y mejor esfuerzo para construir, juntos, un sistema acusatorio y oral con cimientos firmes y duraderos. Y lo hemos hecho convencidos de que vamos por el camino correcto, de que los yucatecos merecen una justicia rápida y de calidad, y que la mejor fórmula para lograrlo es precisamente el modelo de audiencias a través de la oralidad.

Y recalco que lo hemos hecho convencidos, porque el cambio en Yucatán no solo responde al mandato constitucional de 18 junio de 2008 que estableció la oralidad penal, sino porque creemos firmemente que el sistema adversarial, acusatorio y oral es la llave para la mejora permanente de la justicia penal. Así lo hemos entendido los tres Poderes del Estado de Yucatán, las instituciones y la sociedad, que hemos caminado juntos en los cambios normativos, organizacionales y de infraestructura que se han requerido para llegar a este momento histórico para nuestra entidad.

Qué mejor muestra de ello, que este edificio que es resultado del empuje y gestión eficiente del Poder Ejecutivo con la coordinación de los Poderes Legislativo y Judicial. Ese esfuerzo de coordinación hoy nos permite contar con un espacio digno para una justicia viva, humana y directa que sustituye al expediente penal.

Con la entrada en vigor del sistema acusatorio en todo Yucatán, nos anticipamos dos años al cumplimiento del plazo constitucional, cuya fecha improrrogable es el 18 de junio de 2016.

La trascendencia de la reforma constitucional en materia penal de 2008, representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuraciónn e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma.

Una de las finalidades perseguidas por la reforma penal, es que los procedimientos se resuelvan con prontitud, como un derecho fundamental de las personas. Por lo mismo, también previó los medios alternos de soluciónn de controversias.

Se trata de un fortalecimiento integral del marco constitucional penal que delinea un proceso judicial más moderno y garantista, el cual contempla a la oralidad como vía de acceso a la justicia para garantizar, de manera integral, los derechos fundamentales.

Para aterrizar la reforma constitucional, se realizaron diversos cambios a la Carta local y a la legislación secundaria. En la gran mayoría de los casos, estas reformas  legislativas fueron aprobadas por unanimidad. La madurez y altura de miras de todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado merece el reconocimiento de la sociedad yucateca. 

En ese contexto se dio la creación del órgano que ahora sesiona, la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia en el Estado de Yucatán, que se integró por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que ha fungido como el órgano rector del proceso de planeación y toma de decisiones.

La participación del Poder Judicial de Yucatán en el proceso de instrumentación de la reforma penal se sustentó en los siguientes cuatro ejes: infraestructura, reorganización institucional, capacitación y coordinación institucional.

De las acciones que se realizaron en el eje de reorganización institucional, a la fecha han sido creados siete juzgados de control y dos tribunales de juicio oral, integrados por nueve jueces de control y seis jueces de juicio oral, respectivamente.

En materia de capacitación, para el Poder Judicial de Yucatán, los esfuerzos que realizamos con motivo de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, no son nuevos ni tampoco responden a una acción aislada. Desde 2008 al cierre de 2013, el Poder Judicial de Yucatánha realizado 258 actividades de capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, en el que han participado como alumnos más de 6,000 profesionales del Derecho, entre ellos Magistrados, jueces, secretarios, actuarios y técnicos judiciales, así como abogados del foro jurídico.

La coordinación institucional revistió gran importancia estratégica, dado que en el Poder Judicial, somos conscientes de que es en conjunto y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y el Instituto de la Defensa Pública, que se logró el éxito de la implementación de la reforma penal.

La ocasión es propicia para, en nombre del Poder Judicial, reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento al licenciado Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y de Justicia, por su infatigable impulso para transitar de la norma a la realidad, de los textos legales a las acciones concretas.

Adicionalmente, es indispensable agradecer y reconocer en todo lo que vale, el decidido respaldo e ilimitado trabajo del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, para concluir el esfuerzo de implementación de la reforma penal en Yucatán. –Nuestro mayor agradecimiento, señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

La coordinación institucional con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, revistió una importancia estratégica para establecer la política y la coordinación estatal con la Federación necesarias para implementar, en el Estado de Yucatán, el sistema de justicia penal en los términos previstos constitucionalmente.

Asimismo, es justo hacer un agradecimiento y reconocimiento al Doctor Gabriel Zapata Bello, Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia en el Estado de Yucatán por su decidido y determinante papel en cada uno de los ejes trazados para la implementación de la reforma penal.

Por supuesto, reconozco la visión y la gran disposición de las señoras y señores Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Pleno del Consejo de la Judicatura, de los jueces y de todo el personal que integra el Poder Judicial del Estado de Yucatán para adaptarse al cambio, para hacer suyo el reto de la transformación  procesal que estamos viviendo, para actualizarse, para capacitar al personal dentro y fuera de Yucatán y  para contribuir, constructivamente, en la toma de decisiones. Nuestro mayor agradecimiento por ser parte importante de este enorme cambio en el sistema de justicia.

En Yucatán optamos por una implementación gradual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en tres etapas.

A cinco años, once meses y veinte días del plazo de ocho años establecido por la Constitución de la República, Yucatán se convierte en la cuarta entidad (junto con Chihuahua, Estado de México y Morelos) que ha logrado establecer la operación total de la reforma penal.

La entrada en vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la totalidad del territorio estatal es un paso firme y ambicioso. La entrada en vigor de este nuevo sistema simboliza el inicio de un cambio en la perspectiva de impartir justicia, cuyo resultado, quizá hoy, no podríamos medir, hoy, en su correcta dimensión.

Lo cierto es que, al concluir el proceso de implementación, la tarea aún no está acabada. La instrumentación  total del sistema es sólo el inicio de un proceso de consolidación de largo alcance. La viabilidad, el éxito y la credibilidad del sistema acusatorio la iremos construyendo día a día. Lo que haga cada uno de quienes tenemos la responsabilidad de operarlo, permitirá que este sistema mejore la justicia penal en Yucatán y dará la razón al cambio radical que ahora concretamos.

El nuevo sistema de justicia penal, visto en conjunto con la reforma constitucional de derechos humanos, representa la renovación más intensa de las labores jurisdiccionales que el país haya atestiguado en su historia moderna.

La relevancia de este evento, por ello –insisto- es enorme. La reforma penal refuerza el papel del Poder Judicial en la construcción de un sistema que se oriente a convertir nuestra justicia de leyes, en una justicia de derechos.

Hoy convoco a todos los juzgadores estatales a trabajar juntos para contribuir al logro de la misma meta de la reforma penal. La reforma quiere que los órganos jurisdiccionales sean másaccesibles, más cercanos a la sociedad.

Tengamos siempre en cuenta que el sistema acusatorio en México fue diseñado para combatir la impunidad, en un marco de respeto a los derechos del imputado, que por otra parte, redimensiona los derechos y el papel de la víctima. En Yucatán asumimos el reto de reprimir de manera eficiente el delito y castigar al culpable, pero sin pasar por alto los derechos de los involucrados en el proceso penal. Ese es el Estado de Derecho que exige la sociedad y que honraremos con nuestro trabajo diario.

Esa premisa es la única vía para que la sociedad crea en su sistema de justicia, lo haga suyo y lo proteja. Esa es la condición para una justicia penal sencilla, directa, humana, ágil, pero sobre todo, funcional.

En Yucatán estamos convencidos de que así será: estamos listos. Con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y oral en todo el territorio del Estado de Yucatán, se fortalecen sus instituciones, gana el sistema de justicia, gana la sociedad, gana Yucatán, gana México.

Muchas gracias.