Inicia Poder Judicial del Estado movimientos en juzgados penales para implementar el nuevo sistema de justicia
Mérida, Yucatán a 16 de abril de 2014.- El Poder Judicial del Estado informó que a partir de este 16 de mayo cerrarán dos juzgados penales, como parte de la implementación del sistema penal acusatorio y oral en el Primer Distrito Judicial, el cual se dividirá en dos regiones, “A” Mérida y “B” Progreso; éste distrito iniciará funciones a partir del próximo 3 de Junio, sumándose a los 4 distritos del estado restantes en los que el sistema ya se encuentra en marcha.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, explicó que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se determinó que los Juzgados Tercero y Quinto en materia Penal que se ubican en Mérida, concluirán operaciones; por tal motivo parte de su personal será transferido a los Juzgados de Control instituidos en el primer distrito judicial y otros serán redistribuidos a los Juzgados Penales tradicionales subsistentes, ello con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales de los empleados cuyos Juzgados fueron cerrados a causa de la transición del sistema Penal en Mérida.
Por la carga de trabajo que se concentra en Mérida y zonas aledañas y para facilitar el acceso a los centros de justicia, se determinó que el primer distrito estará dividido en dos regiones. La región A que tendrá su sede en Mérida, atenderá 14 municipios: Mérida, Ucú, Conkal, Yaxcucul, Mocochá, Baca, Motul, Muxupip, Cacalchén, Bokobá, Suma, Cansahcab, Temax y Dzoncauich que en conjunto tienen una población de 916,742 personas.
La region B de este primer distrito será atendida en el Centro de Justicia de Progreso e incluye a los siguientes 11 municipios: Progreso, Chicxulub Pueblo, Ixil, Dzemul, Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilám González y Dzilám de Bravo, con un total de 92,406 habitantes.
En el resto del estado ya se aplica el sistema de justicia acusatorio y oral.
Algunos de los beneficios que el nuevo sistema de justicia de justicia penal está generando en los 81 municipios donde opera son, entre otros, la rapidez con que se han resuelto la mayoría de los casos, la certeza en las decisiones de los jueces, así como la transparencia que implica el hecho de que todas las audiencias realizadas han sido abiertas y públicas, con igual oportunidad de intervención para la parte acusadora y para el acusado.
El sistema de justicia acusatorio y oral tiene como fundamento la presunción de inocencia y el debido proceso, a la vez que permite un combate frontal y certero contra la impunidad.
Los principios que rigen el sistema son los de inmediación, bajo el cual solamente se considera prueba aquella que ha sido practicada y producida por las partes ante el juez en un juicio público, oral y contradictorio; el de publicidad que significa que la actuación procesal y las audiencias deben ser abiertas; el de contradicción mediante el cual las partes (Fiscalía y Defensa) tienen derecho a conocer, controvertir o confrontar las pruebas y el de igual dad en el que todas las partes del proceso ofrecen sus pruebas en igualdad de condiciones en audiencia pública, entre otros.
