Palabras del Magistrado Presidente Marcos A. Celis Quintal en el Seminario Itinerante “Diálogo Jurisprudencial e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

Mérida, Yucatán a 12 de octubre de 2013.- Palabras del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán  Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, hoy en el Seminario Itinerante “Diálogo Jurisprudencial e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Señoras y señores:

En primer lugar, quiero expresar a nombre de todos los funcionarios judiciales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, nuestro sincero agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, por la elección que recibimos para ser sede esta mañana del Seminario Internacional “Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A nombre de las señoras y señores Magistrados y Consejeros de la Judicatura, me permito dar a Ustedes, señor Presidente y señor Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la más cordial bienvenida a nuestro estado y al edificio sede de su Poder Judicial.

Yucatán es un estado que tiene una sólida tradición con los derechos humanos a lo largo de la historia.

Esta vez, una ocasión muy especial para el Poder Judicial del Estado de Yucatán, nos convoca.

Nunca en la historia de esta Institución habíamos recibido la visita de dos distinguidos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el único objetivo de compartir experiencias, como defensores de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los derechos humanos de las personas.

Es un privilegio ser sede de este seminario internacional de este espacio judicial interamericano.

Para el Poder Judicial del Estado de Yucatán, el diálogo jurisprudencial que hoy nos reúne es particularmente significativo, con el objetivo de compartir experiencias comunes, como jueces y defensores de los derechos humanos de las personas.

Este Poder Judicial quiere dialogar con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la legua franca que hoy representa la exigencia de protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, su origen étnico.

Más allá de la tradición jurídica y la ubicación geográfica de cada corte o tribunal, el lenguaje, ya universal de los derechos humanos, pone de manifiesto una verdad común: que los problemas y retos que enfrenta un juzgador al realizar su trabajo, son universales.

Todas las jurisdicciones enfrentamos los nuevos y los viejos retos. El lenguaje común de los derechos nos ayudará a encontrar soluciones a estos problemas.

En todo caso, la importancia de la responsabilidad que implica el ejercicio de la función jurisdiccional es igual para cualquier juzgador. Estamos facultados para salvaguardar el respeto a los derechos humanos.

Este Seminario Internacional es un importante foro de reflexión que fortalece a este Poder Judicial y contribuye a imaginar soluciones duraderas a sus dificultades.

La oportunidad de ser sede de este Seminario implica, también, el hecho de reconocernos como personas que integramos un mismo gremio, y de nuestra convicción de que, en cualquier país de América, la función judicial representa el último bastión de defensa de los derechos; la mejor garantía de defensa de paz, civilidad y armonía entre las personas.

Este espacio de reflexión e intercambio promueve la plena observancia de los derechos humanos, así como el cumplimiento del marco normativo del sistema interamericano de derechos humanos; todos ellos, principios con los que el Poder Judicial yucateco mantiene un firme compromiso.

Por eso, hoy desde Mérida, magistrados del Tribunal Superior, jueces y consejeros de la judicatura, estamos llamados a honrar el anhelo de justicia que ha acompañado a los pueblos de América a lo largo de su historia.

La relación que los poderes judiciales locales de México han tenido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es más bien reciente, pero no por ello menos intensa o digna de recordarse.

El reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana por parte de nuestro país es un hecho inobjetable y una decisión consumada.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han puesto frente a nosotros, los juzgadores, un universo jurídico que, para bien, amplía el sistema de derecho mexicano.

El criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sobre el caso Radilla, llegó en un tiempo fértil de creación legislativa en México que no tiene precedente en la historia moderna del país.

Así, al tiempo, muchas cosas sucedieron y están sucediendo en mi país, que afectan ya el trabajo de la judicatura local, en su conjunto, y del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en concreto.

Creemos propicio hoy subrayar el nuevo paradigma en materia de derechos humanos que vive México.

El nuevo sistema constitucional mexicano ha puesto en el centro de su existencia a los derechos humanos de las personas.

Como todos recordamos, la sexagésima primera legislatura aprobó la reforma para establecer el nuevo régimen constitucional de derechos humanos. Evento de relevancia histórica para el futuro de México, en el cual estuvo involucrada, desde luego, la Cámara de Diputados. En ese suceso, recordemos, participó activamente el entonces diputado federal Rolando Rodrigo Zapata Bello y hoy gobernador constitucional del estado de Yucatán.

Permítame usted, señor gobernador, expresarle mi reconocimiento, a nombre del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por su fiel vocación por los derechos humanos de las personas, y porque a lo largo de su gestión de gobierno, siempre ha demostrado absoluto respeto a ellos. Es una actitud que en el Poder Judicial yucateco mucho reconocemos y celebramos.

Esa reforma constitucional de hondo calado le ha cambiado el rostro al Estado mexicano y, por tanto, al sistema de impatición de justicia nacional.

Entre las autoridades nacionales obligadas expresamente a respetar los derechos humanos, nos encontramos, por supuesto, los impartidores de justicia de todo el país.

Los juzgadores yucatecos realizamos nuestro trabajo cotidiano a partir de la convicción de que debemos cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y convencionales.

En ese contexto, queremos que derivado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta época sea recordada como el tiempo de los derechos humanos en la judicatura local yucateca.

En ese ánimo, el Poder Judicial del Estado de Yucatán confirma su voluntad de asumir a plenitud su papel como protector de los derechos humanos de las personas y su inserción, como tal, en el concierto de las judicaturas de las naciones democráticas.

En este momento de la evolución jurídica de México, las y los jueces del estado de Yucatán no podemos ni queremos quedarnos atrás. Queremos y debemos ser la punta de lanza en la puesta en operación del nuevo sistema protector de las personas.

Queremos que el cumplimiento del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ante las resoluciones emitidas en San José, nos permita sacar el mejor provecho, el potencial que ahora podemos advertir.

El Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el marco de sus atribuciones constitucionales, convencionales y legales, hará lo que esté a su alcance para ayudar al Estado mexicano a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues entendemos que los beneficiarios directos de esa postura somos todos los mexicanos.

Queremos propiciar el diálogo jurisprudencial entre pares. Creemos que las Cortes y los Tribunales pueden y deben dialogar en beneficio de los pueblos a los cuales sirven.

Si nos lo permiten, señor Presidente y señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queremos tener este diálogo para, de ser posible, recibir retroalimentación de ustedes.

Consideramos que este espacio de dialogo e intercambio ofrece una oportunidad invaluable para conocer experiencias que seguramente nutrirán el camino que la judicatura yucateca debe recorrer para consolidarse en su añeja tradición de Institución al servicio de los derechos humanos.

Por eso mismo, estamos abiertos, siempre, a la posibilidad de ser ilustrados a partir del dialogo generoso que puede darse entre pares, pues creemos que ese diálogo nos abre horizontes nuevos y oxigena y refresca nuestras prácticas.

Señoras y señores:

Los juzgadores locales asumimos con entusiasmo nuestro nuevo papel como primera línea de defensa de los derechos humanos de todas las personas en Yucatán. Debo decir que uno de los objetivos principales del Poder Judicial del Estado de Yucatán es precisamente ese.

Queremos que el lenguaje de los derechos esté plenamente implantado en el inconsciente colectivo de la judicatura local.

Creemos que el dialogo jurisprudencial que ahora llevaremos a cabo, es un paso más en esa dirección

En Yucatán creemos que el respeto irrestricto por todas las autoridades a los derechos humanos, es la mejor garantía para permitir el adecuado florecimiento de esta realidad que nos enriquece a todos, viviendo en paz, en un estado de leyes e instituciones.

Yucatán es un estado donde nada ni nadie está por encima de los derechos de las personas. Donde no habrá regresión en el avance de la protección de sus derechos fundamentales.

Donde el Poder Judicial del Estado de Yucatán, que hoy los recibe, confirma que estos son los principios que guían su actuación cotidiana.

Muchas gracias.