Concluyen Análisis del Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares
lunes, 22 de abril de 2024
Concluyen Análisis del Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares
Juzgadoras y juzgadores de primera y segunda instancia finalizaron el análisis del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, compuesto por mil 191 artículos divididos en 10 libros, para impartir justicia de manera más efectiva y acorde a las necesidades actuales.
Durante esta última reunión de estudio que forma parte de diversas capacitaciones diseñadas para potenciar habilidades y conocimientos para las y los servidores judiciales, la Magistrada Presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés, reconoció el compromiso de los equipos de trabajo por su dedicación en la impartición de justicia en los ámbitos civil y familiar, sentando las bases para una justicia más accesible, equitativa y eficiente.
Después de 10 meses de reuniones semanales, se abordaron los aspectos de esta extensa legislación, garantizando su coherencia y efectividad en la práctica judicial cuya organización estuvo a cargo de la Sala Colegiada Civil y Familiar, integrada por las magistradas Sary Eugenia Ávila Novelo, Graciela Alejandra Torres Garma, Patricia del Socorro Gamboa Wong y los magistrados Alberto Salum Ventre y José Pablo Abreu Sacramento.
De igual manera participaron por parte de Primera Sala Colegiada Penal y Civil, el magistrado Mauricio Tappan Silveira, así como la presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura María Ely Farfán Flores.
Los Poderes Judiciales del país tienen plazo hasta el 2027 para adoptar las modificaciones necesarias que permitan la entrada en vigor de esta nueva legislación, asegurando una transición fluida y adecuada preparación para implementar los cambios requeridos.
Cabe recordar que la semana pasada el Poder Judicial de Yucatán instaló el Comité Local para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se encargará de adaptar, capacitar y emplear los recursos humanos, mobiliarios y tecnológicos para seguir garantizando la eficiencia en el sistema de justicia.
