DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, DR. EN DERECHO MARCOS ALEJANDRO CELIS QUINTAL, ALUSIVO A SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2012
Señor Gobernador.
Señor Representante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Compañeras y compañeros Magistrados, Consejeros, jueces y demás servidores judiciales.
Autoridades civiles y militares que nos acompañan.
Distinguidos invitados especiales.
Señoras y señores:
El de hoy es un acto responsable, significativo y trascendental.
Responsable, pues con él se da cumplimiento a nuestra obligación de informar sobre el estado que guarda la administración de justicia en el Estado durante el período 2012 y en apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Significativo, porque se rinde ante la distinguida presencia del titular del Ejecutivo y del representante de la Legislatura local. Hecho que dota de mayor relevancia a este evento, refleja la relación respetuosa y cordial que prevalece entre los tres Poderes del Estado.
Trascendental, porque más allá de los datos y cifras contenidos en el informe, resulta innegable que estamos en pleno proceso de transformación de la realidad jurisdiccional de la entidad. Este acto simboliza también la consecución de nuevas e importantes metas.
Es en este contexto que pongo a consideración del pleno de magistrados el INFORME ANUAL DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DEl ESTADO.
Quiero significar también la presencia del presidente municipal de Mérida, gracias señor alcalde por su presencia en este acto.
Documento que condensa el arduo trabajo que durante el año pasado realizó la judicatura que me honro presidir.
Dicho informe consta de 60 páginas, divididas en 9 apartados, en los que se detallan el número de actividades, diligencias, audiencias, acuerdos, expedientes, tocas y resoluciones emitidas tanto en primera como en segunda instancia; así como de las sesiones y acuerdos tomados por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; además de las acciones de mantenimiento, adquisición de mobiliario y equipo, rehabilitación y construcción de inmuebles; del presupuesto autorizado y ejercido; del fondo auxiliar; de las licitaciones y adjudicaciones celebradas; de las estadísticas y sistemas de gestión judicial desplegados; así como de las conferencias, talleres, cursos y diplomados organizados.
En este sentido, quiero destacar que, si 2011 se caracterizó -como lo señalé en el informe pasado- por el fortalecimiento del Poder Judicial, 2012 fue el año de la consolidación institucional.
Les comparto algunos logros que me hacen arribar a tal conclusión:
· Justicia Renovada
La implementación del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral entraña una nueva forma de hacer justicia caracterizada por el desarrollo de audiencias públicas, transparentes, ágiles y realizadas en presencia del juez o tribunal con la participación directa de la partes.
El 21 de septiembre de 2012, inició la segunda etapa del proceso de implementación, incorporándose 41 municipios que se suman a los 36 de la primera etapa.
De tal suerte que al 31 de diciembre del año que se informa, la Reforma Constitucional Penal logró instrumentarse en 81 de los 106 municipios del Estado, lo que equivale al 76% de cobertura, beneficiando al 48% de la población total.
Esto implicó que al finalizar 2012, en el sistema habían 8 juzgados con 14 jueces (6 de control, 3 de juicio oral para adultos y 3 para el sistema de adolescentes, así como dos jueces de ejecución de sentencias).
Durante 2012, además de una intensa capacitación y difusión de la materia, se crearon 8 juzgados; se nombraron 14 jueces ( 6 de control, 3 de juicio oral para adultos y 3 para el sistema de adolescentes, así como 2 jueces de ejecución de sentencias).
Ello también significó la construcción de varias salas de oralidad, que sumadas a las de 2011 dan un total de 20 como la infraestructura de oralidad para el estado de Yucatán.
En materia de Oralidad Familiar, el Poder judicial participó activamente en la mesa interinstitucional que elaboró la propuesta del Código de Familia y del Código de Procedimientos Familiares, ambos del estado de Yucatán, los cuales -previo análisis y modificación por parte del Legislativo- fueron aprobados y publicados en el D.O. el 30 de abril de 2012.
En este contexto, nuestra judicatura se dio a la tarea de definir la conformación de los nuevos órganos jurisdiccionales. Quedando integrados cada uno por un juez, un secretario de acuerdos, un secretario de estudio y cuenta y tres técnicos judiciales.
En lo que a infraestructura se refiere, el año pasado se trabajó en la construcción y equipamiento de dos salas de oralidad en el edificio de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial, con sede en Mérida.
Además, todos los juzgados mixtos del primero, segundo y tercer departamento judicial fueron dotados de sus respectivas salas de audiencias debidamente equipadas.
En cuanto a la Oralidad mercantil, en 2012 se trabajó el proyecto de construcción de las nuevas salas de audiencias en el edificio de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial, el cual contempla diversas modificaciones y adecuaciones de los espacios existentes. A la par se capacitó a más de 400 servidores judiciales, mediante 168 horas de cursos talleres y simulación de audiencias.
Tanto en materia familiar como mercantil en 2012 se dejaron cimientos sólidos para el arranque de la oralidad, en febrero y junio de 2013 respectivamente.
· Justicia Efectiva
Yucatán se distingue por su intenso trabajo jurisdiccional. Magistrados, jueces y funcionarios judiciales trabajan durante largas jornadas diarias, con celo profesional y sensibilidad social para sacar adelante las enormes cargas de trabajo que nos impone una población creciente y una sociedad con relaciones cada vez más complejas.
Este esfuerzo se ve compensado con los resultados. Hoy presentamos a los yucatecos una productividad mayor al 100%.
En 2012, la actividad jurisdiccional estuvo marcada especialmente por su gran vigor con una dinámica especial a partir de la construcción de un sistema de precedentes.
Durante el periodo que se informa, el Tribunal Constitucional, guardián del orden constitucional de nuestra entidad, sesionó en dos ocasiones, resolviendo dos asuntos. Uno corresponde a la Controversia Constitucional promovida por el Consejo de Notarios en contra del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de nuestra entidad. El otro se trata del recurso de reclamación en contra del auto dictado en la referida controversia, emitiendo cinco precedentes, de entre los cuales destacan los que tienen que ver con:
· La improcedencia de la controversia constitucional local contra actos y omisiones del Poder Judicial, en relación con
· La legitimación pasiva ad causam en la controversia constitucional.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia reportó una productividad de 103%, pues de 4,718 asuntos iniciados en 2012, se concluyeron 4,837.
En los juzgados de primera instancia (tanto del sistema tradicional como oral) se registró durante el período en comento una tasa de productividad de 101%. Esto es así porque mientras el número de asuntos iniciados en el período que se informa fue de 30,709 asuntos el número de asuntos concluidos fue ligeramente superior es decir se concluyeron 30,768.
Sobresale la labor realizada por los juzgados mercantiles, cuya conclusión fue la mayor de todas (119%), al registrar 6,710 asuntos iniciados y concluir un total de 7,957. Estadística que refleja el alto nivel de eficiencia de nuestros órganos jurisdiccionales, y la oportunidad de abatir cargas de trabajo existentes.
· Eficiencia Administrativa
En cuanto a la administración de los recursos financieros, tecnológicos y humanos es oportuno decir que el Poder Judicial los ha utilizado con estricto apego a criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
Cada peso utilizado por nuestra judicatura ha sido bien invertido.
Sólo de este modo puede entenderse que frente al cúmulo de crecientes necesidades y modificaciones procesales e institucionales hayamos logrado redoblar la dinámica institucional y continuar avanzando para afrontar con eficacia las nuevas responsabilidades que el andamiaje jurídico vigente nos impone.
Y es que si bien en 2012 el Congreso del Estado autorizó al Poder Judicial un presupuesto de 391 millones de pesos, 22 millones fueron ejercidos de forma independiente por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa; y 4 millones por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, quienes fueron incorporados al Poder Judicial en 2011.
Los 365 millones que ejerció nuestra judicatura el año pasado por medio del Consejo y del Tribunal Superior de justicia, fueron aplicados de la siguiente manera:
En la gran mayoría, 326 millones 536 mil pesos se destina a servicios personales. En otras palabras, casi el 90% se destinó a sueldos y prestaciones laborales. Esto a pesar de que el incremento en el número de plazas -producto de la implementación de la oralidad- no ha sido significativo.
43 millones 710 mil pesos fueron destinados para el pago de servicios generales, tales como energía eléctrica, telefonía, agua potable, arrendamiento de oficinas y mantenimiento de 20 edificios que forman parte del patrimonio y en posesión del Poder Judicial.
19 millones 393 mil 787 pesos fueron erogados el año pasado para la adquisición de material de oficina, eléctrico y de limpieza, así como de combustible.
Mientras que para la adquisición de bienes muebles se utilizaron 4 millones 714 mil 993 pesos.
Además de que al cierre del ejercicio fiscal existía un recurso comprometido de un orden de 10 millones 416 mil pesos, derivado de licitaciones y pagos a proveedores.
Gracias al pago oportuno del impuesto sobre la renta (ISR) en 2012 pudimos acceder a recursos adicionales por estímulo fiscal equivalentes a 21 millones 46 mil pesos.
A dicho monto se adicionaron 11 millones 894 mil pesos de la Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán (COMEY); 2 millones 997 mil 498 pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASPEY); 13 millones 620 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); así como 2 millones 858 mil pesos por concepto de venta de bases de licitaciones, bonificaciones por pronto pago, recuperación por siniestros, productos y fotocopiado.
Todos estos recursos extraordinarios significaron un aliciente y un acicate para el fortalecimiento de la impartición de justicia del Estado, pues permitieron dignificar buena parte de nuestros espacios judiciales por medio de la construcción, acondicionamiento y remodelación de juzgados y salas de oralidad.
Así por ejemplo, en los juzgados penales del primer departamento judicial se construyó una sala de oralidad para los juzgados de ejecución de sentencias, sus oficinas administrativas y un mezzanine; además se remodeló la oficina de su centro estatal de solución de controversias.
En los juzgados Civil, Mercantil y Familiar del Primer Departamento Judicial se construyeron cuatro salas de oralidad (2 totalmente concluidas y 2 en proceso); y se remodelaron las oficinas del Centro Estatal de Solución de Controversias y las del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán.
Se acondicionaron salas de oralidad en los juzgados de Izamal, Ticul, Valladolid y Tizimín, respectivamente.
Se construyó el nuevo Juzgado Tercero Mixto del Primer Departamento Judicial con sede en Motul.
También se construyeron la segunda etapa del Juzgado Mixto con sede en Progreso; la segunda etapa del Juzgado con sede en Kanasín; y el Complejo Judicial de Tekax, entre otras acciones.
Mención especial merece el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, cuyo ingreso sumó más de 365 millones de pesos en 2012.
Cabe aclarar que la inmensa mayoría de dicho recurso solamente se tiene en custodia, sin llegar a integrarse como parte del patrimonio de la judicatura.
Dentro de los recursos propios disponibles en este fondo, durante 2012 se alcanzó poco más de 11 millones, destinados casi 9 de ellos a la entrega de estímulos económicos a servidores judiciales; y alrededor de 160 mil pesos a pagos de recibos de pensiones, de certificados de depósito, y honorarios de auditorías.
· Innovación Tecnológica
Resulta imposible hablar de modernización institucional sin una visión que integre las nuevas tecnologías como herramientas indispensables en la gestión judicial.
Por eso, en el Poder Judicial de Yucatán hemos apostado a la innovación tecnológica y el 2012 es claro ejemplo de ello.
En enero de 2012 se puso en operación el Sistema Informático de Consulta Electrónica de Expedientes Sirce Web, que ha posibilitado que los expedientes puedan ser consultados vía internet y que son un tránsito hacia la implementación de juicio en línea.
A fin de integrar la normatividad estatal en un solo medio, se lanzó el sistema de consulta de la legislación local denominada Digestum.
Este software elaborado en coordinación con el Congreso del Estado, compila, sistematiza y publica las leyes emitidas por dicho órgano legislativo y sus respetivos reglamentos, así como los acuerdos generales por el Poder Judicial y los precedentes emitidos por el Tribunal Superior de Justicia, con los cuales se facilita y agiliza la consulta de tales documentos.
En el mismo sentido fue creada de la agenda electrónica del sistema oral, que permitirá a cualquier persona tener acceso a la información relativa a las actividades de los Juzgados de Control y de juicio oral del nuevo Sistema de Justicia Penal. En 2013 la agenda electrónica abarcará la oralidad familiar y la oralidad mercantil.
Mención especial merecen nuestras páginas de internet, cuya versión la hace compatible con dispositivos móviles y redes sociales, permitiendo a los responsables de publicar la información y mantenerlas actualizadas en tiempo real; además de posibilitar el acceso a través de las plataformas de Microsoft, Apple y tecnologías abiertas, una muestra de la versatilidad de esta página de internet es que esta sesión solemne está siendo transmitida en vivo en la página de internet del Poder Judicial del Estado.
· Justicia de Derechos
A partir de la Reforma Constitucional de 2011 y con mayor énfasis durante el 2012 la protección de los derechos humanos ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la justicia en México y Yucatán no es la excepción.
Por eso, durante el periodo que se informa impulsamos un esquema integral en conjunto con organismos internacionales y la academia, poniendo a disposición de nuestros juzgadores diversas capacitaciones que les permiten cumplir con las nuevas obligaciones constitucionales.
Gracias a ello, el Tribunal Superior de Justicia ha realizado interpretaciones relevantes dentro del nuevo marco jurídico. La Sala Colegiada Civil y Familiar, con el objeto de dotar de certeza en relación al tema de Control de Convencionalidad, emitió dos precedentes aislados mediante los cuales determina su parámetro, metodología y alcances dentro del derecho civil y familiar.
En estrecha relación con el impulso a una cultura de respeto a los derechos humanos, el Poder Judicial ha establecido a la equidad de género como política pública que permita dejar atrás los atavismos que obstaculizan las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
Muestra de ello fue el Programa para la Institucionalización Transversal de la Perspectiva de Género desarrollado el año pasado y a cuyos módulos de capacitación asistieron cerca de 1600 participantes, en su mayoría mujeres.
· Justicia Transparente
Si algo caracteriza el nuevo tiempo de la justicia en Yucatán es la transparencia, entendida ésta como el desarrollo de nuestro quehacer a los ojos de la sociedad.
En este sentido, durante 2012 no sólo atendimos las solicitudes de información por medio de nuestra Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que además establecimos una difusión proactiva para dar a conocer a la sociedad nuestras actividades culturales y académicas, así como los aspectos relevantes de la función jurisdiccional.
· Liderazgo del Poder Judicial de Yucatán
El prestigio generado por nuestra judicatura con el paso de los años la ha posicionado con un sólido liderazgo en el escenario jurídico nacional.
Liderazgo que desde la Vicepresidencia de la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB) y como parte de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) se robustece y acentúa, con el ánimo de generar inercias que permitan a las judicaturas locales y federal vincularnos mediante el tratamiento y aprendizaje de temas comunes que nos acercan.
De este modo, en 2012 la CONATRIB aprobó y auspició -a propuesta del Poder Judicial de Yucatán- la organización del Certamen Nacional Universitario de Litigación Oral, que por cierto el día de mañana tendrá su fase final nacional en la ciudad de Durango en el marco de la reunión nacional de poderes judiciales que organiza precisamente la CONATRIB y quiero aquí en este punto reconocer el liderazgo y el trabajo de los Poderes Judiciales de Campeche y Quintana Roo que de manera coordinada trabajaron en la organización y la realización de este evento primero de la propuesta y luego de la realización y organización de este evento que es una nueva forma de generar una cultura jurídica hacia la oralidad y una forma también de cambiar los medios de aprendizaje hacia los alumnos que mañana estarán en las salas de audiencias litigando y generando las mejores condiciones para sus clientes en los procesos judiciales.
En el mismo periodo logramos ser sede de dos eventos nacionales de gran relevancia: la tercera edición del Día del Juzgador Mexicano; y la Segunda Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales en la que se contó con la participación de destacados juristas de talla nacional e internacional, como el Dr. Manuel Atienza y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Ferrer MacGregor.
Por dos días Yucatán fue la capital de la justicia en el país
También fuimos objeto del Premio a la Excelencia Judicial, otorgado por la Mexican-American Bar Association (Barra de Abogados Mexico-Amricana) gracias al proceso de implementación del nuevo sistema de justicia que se ha desarrollado en Yucatán.
Este liderazgo también se tradujo en la celebración de 9 convenios que nos vinculan a instituciones públicas y privadas del Estado y el país, como la Suprema Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán.
Instituciones estas últimas con quien hemos generado una dinámica de coordinación y labor compartida, especialmente con el Poder Ejecutivo, cuyo titular ha sabido respetar nuestra autonomía e independencia judicial, consolidándose de esta forma una verdadera división de poderes, tal como lo concibió Montesquieu en su obra el espíritu de las leyes.
Esta visión de corresponsabilidad, impulsada en primer término por el Señor Gobernador del estado, ha inspirado los trabajos de todas las instituciones involucradas en la implementación del sistema de justicia penal: la Fiscalía, la Consejería Jurídica, la Defensoría Pública y por supuesto, el Poder Judicial. En tal sentido, mi reconocimiento para todos.
Señoras y señores:
Los logros que acabo de esbozar de forma general, son algunos de muchos más que constan en el informe que hoy presento -y que no es posible agotar por razones de tiempo-, son resultado de un cúmulo de acciones que con pasión, emoción y convicción hemos emprendido quienes tenemos el alto honor de pertenecer al Poder Judicial.
Dichos logros son también testimonio de que quienes estuvieron y están, quienes aportaron cosas valiosas y duraderas. Pues sería imposible entender al Poder Judicial actual, sin la contribución de quienes han trabajado en su origen y evolución.
Por ello también quiero hacer en este momento una especial distinción a la presencia de los magistrados en retiro y jueces en retiro que hoy distinguen este acto solemne.
Los logros antes referidos, son además reflejo de la unidad, sentido de responsabilidad y mística de servicio que impera al interior de esta institución.
Cada una de nuestras conquistas judiciales es por tanto un triunfo compartido.
A mis compañeros magistrados, consejeros, jueces, personal administrativo, secretarios, proyectistas, conciliadores, escribientes, choferes, actuarios, intendentes. A todos, sin excepción, mi más profundo reconocimiento por su invaluable labor. Estos resultados son gracias a todos ustedes.
Rindo este informe con plena conciencia de que nos quedan tareas pendientes; de que la ruta entre el desempeño judicial y las expectativas sociales nos obliga a redoblar esfuerzos; pero sobre todo que la consolidación del Estado de Derecho es un proceso permanente y por tanto inacabado.
Si aspiramos -como de hecho lo hacemos- a alcanzar la excelencia judicial, es impensable asumir una actitud triunfalista y de conformismo.
Menos aún cuando tenemos por delante una serie de desafíos que es necesario sortear y que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
1. En 2013 se proyecta continuar con la tercera etapa de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, fase que abarca los 25 municipios restantes, entre los que se encuentra ciudades importantes como Mérida, Progreso y Motul.
2. También la oralidad familiar y la mercantil han sido programadas para iniciar este año, como de hecho la oralidad familiar inició el 20 de febrero de este 2013. En esta materia, además de inicio, el reto es mayor para su consolidación.
3. Es fundamental que podamos consolidar la descentralización de los servicios jurisdiccionales y garantizar un acceso a la justicia en todas las regiones de la entidad. Pues la justicia inaccesible es justicia denegada.
4. La humanización de la justicia constituye otro de los desafío. Tenemos que dignificar la función jurisdiccional y consolidar una política pública dirigida al permanente mejoramiento de la calidad de los servicios que brindamos.
5. Nos encontramos transitando de un Estado de Derecho a un Estado de Derechos. El reto es concretar cuanto antes esta transición, para lo cual se requerirá redoblar el proceso de capacitación y profesionalización en materia de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad.
6. La buena marcha de los procesos judiciales precisa en buena medida de un sistema de monitoreo y generación de indicadores que le permita hacer más eficiente su operación, su capacidad de respuesta y su flexibilidad para corregir errores.
Todos estos desafíos parten de una necesidad común: la existencia de suficiencia presupuestal. Pues sin la capacidad económica necesaria, este histórico proceso de transformación corre el peligro de quedar incompleto.
Señoras y señores:
Los retos que acabo de esbozar nos obligan a renovar nuestro compromiso con la sociedad, con la institución y con la justicia: principio y fin de nuestro quehacer cotidiano.
Es necesario seguir por el camino que nos hemos trazado, un sendero que nos conducirá sin demora a ese Poder Judicial del siglo XXI que la sociedad demanda.
Es imperativo robustecer el modelo de justicia funcional que hemos alcanzado.
Una justicia que dé respuesta oportuna y adecuada a los conflictos sociales.
En los que se privilegien los derechos sin menoscabo de la seguridad y certidumbre jurídica.
Una Justicia que se nutra de resoluciones judiciales sabias, prudentes y sensibles.
Cuya aplicación sea sencilla, ágil y alejada de excesivos tecnicismos y trámites burocráticos.
Una justicia accesible, cercana, directa y humana.
Que sea transparente y que elimine cualquier posibilidad de corrupción e impunidad.
Una justicia eficiente, efectiva y eficaz; del tamaño de nuestros sueños y aspiraciones; y a la altura de lo que Yucatán exige y merece.
Muchas gracias.
