Palabras del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal en la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
viernes, 9 de febrero de 2018
Muy buenos días a todos:
La sociedad día con día nos reclama instituciones transparentes, honestas, y rectas, en la que no se abuse de las posiciones para obtener un beneficio particular.
La corrupción constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social del país y no hablemos solo del desvió de recursos de sus fines previstos, sino también de los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan o se prestan de manera incorrecta.
La corrupción es un fenómenoque tiene condiciones y manifestaciones particulares dependiendo de las características de cada sociedad concreta. México por su parte, se ha visto profundamente afectado por la presencia de la corrupción, al grado de sentirse asfixiado por esta situación.
Nosotros como autoridades, tenemos la gran responsabilidad de permear entre nuestros colaboradores una cultura de la anticorrupción, con respeto pleno a los derechos humanos, los de libertad y los de igualdad, con el propósito de que la sociedad sea más libre e igualitaria. Es necesario generar las bases, los instrumentos y herramientas para prevenir la corrupción pero también para combatirla.
Es necesario actuar de una manera integrada, sociedad y gobierno, para eliminar este cáncer que contamina nuestro país.
Necesitamos una agenda basada en la exigencia de transparencia y responsabilidad formulada por los ciudadanos, una agenda que se nutra de la aportación de todos los que conformamos la sociedad yucateca
Los órganos de control del Estado son fundamentales para el combate a la corrupción, siempre y cuando sean efectivos e independientes, se orienten hacia los intereses sociales y a la plena garantía de los derechos humanos.
De acuerdo con la Ley Estatal Anticorrupción los principios que rigen el servicio público son: Disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía y competencia con mérito.
Este camino se inició a nivel nacional en mayo 2015 con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de esa fecha, se ha comenzado a trabajar en la legislación federal y a nivel estatal en abril de 2016 con la reforma a nuestra Constitución y en julio del año pasado con la publicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.
Hoy con la instalación de este Comité, queda claro la postura de cada una de las instituciones, que es de CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN. El trabajo para que sea efectivo, debe ser coordinado y transversal, debe ser un esfuerzo de Estado.
El sistema judicial por su parte juega un papel sumamente importante en el combate a la corrupción, la posibilidad de corrupción judicial suprime la condición de que los jueces actúen con independencia e imparcialidad, dos atributos esenciales del servicio público de administración de justicia. Es por esto, que la lucha contra las conductas indebidas de la función jurisdiccional debe ser prioritaria.
Los juzgadores resuelven diferencias que traen consecuencias para las partes involucradas y para la sociedad si adquieren el carácter de normas generales. Pueden tener, entre otras implicaciones consecuencias sociales, políticas o económicas muy cuantiosas, o peor aún la libertad de un ciudadano.
Somos los garantes de los derechos fundamentales de las personas. La justicia oportuna produce tranquilidad, seguridad, sosiego, respeto, produce paz y calma social, condiciones vitales para el desarrollo de cualquier Estado.
Sabedores de la gran responsabilidad de la cual somos depositarios, el Poder Judicial del Estado, tiene la postura firme ante la CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, no tengan duda, que todos los días trabajamos para combatir este cáncer social.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece como debemos impartir justicia, con apego a los principios de autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, seguridad jurídica, exhaustividad y congruencia.
El Poder Judicial del Estado, desde hace ya varios años comenzó con esta labor, hoy tenemos un código de ética obligatorio para todos en vigor desde 2008, los funcionarios y permanentemente capacitamos a nuestro personal en valores y el análisis de la problemática y consecuencias de un actuar fuera de nuestro código de conducta.
No en balde, fuimos el mejor calificado del país por su desempeño, de acuerdo con la Encuesta Nacional 2017 del Gabinete de Comunicación Estratégica. Esta encuesta, mide la percepción del Estado, la satisfacción ciudadana y evalúa los gobiernos estatales y sus titulares.
Dentro del Poder Judicial hemos establecido las bases también para la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, nos encontramos reglamentando los Comités de Ética, fomentamos y promovemos todos los días los derechos humanos. Nos encontramos fortaleciendo el órgano de control disciplinario interno del Poder Judicial mediante redefiniciones orgánicas y funcionales. Para nosotros no existe duda, que para actuar, es necesario preparar el escenario y eso estamos haciendo.
El Poder judicial no cierra los ojos ante este grave problema, estamos conscientes de esto y por eso estamos cerrando el paso a las malas prácticas, castigándolas, buscando una administración de justicia confiable, abierta, transparente y cercana. Es indispensable recuperar la confianza ciudadana en los servidores públicos y dignificar nuestra profesión.
La erradicación de la corrupción es tarea de todos, no basta con el diseño autónomo de la institución, se requiere del compromiso jurídico y moral del servidor público, estas dos piezas son claves en el control y combate a la corrupción. Ambos son necesarios para que exista la posibilidad de que la corrupción sea enfrentada con armas e instrumentos más allá del formalismo jurídico de las normas e instituciones vigentes.
Erradicar la corrupción es muy importante para el avance de la vida democrática, pero en el caso del Poder Judicial resulta fundamental. Por esta razón no estamos escatimando esfuerzos con el objeto que se aplique la ley en todos los ámbitos.
Estoy seguro que con la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se generarán las bases y políticas públicas para que todas las instituciones trabajemos juntos en esta difícil tarea, pero que de hacerse y de hacerse de la manera correcta, lograremos recuperar la confianza de la ciudadanía, y por lo tanto recuperaremos a México.
¡Gracias!
