Mayor eficacia en la investigación procesal, capacitación y profesionalización, así como respeto e involucramiento de la víctima en los procesos, son algunas de las conclusiones en la “2ª reunión nacional de Jueces, Consejeros de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales”.
· Las conclusiones de las 5 mesas de trabajo fueron leídas durante la clausura del evento
· El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (Conatrib) Baruch Delgado Carbajal exhorta a sus integrantes para que los trabajos realizados en la reunión nacional sean un estímulo al trabajo cotidiano.
· “Tenemos que gestar política judicial que genere condiciones de justicia que castiguen al culpable y exonere al inocente, pero que no tolere la impunidad, un sistema de justicia en el que que la gente culpable repare daño cometido”, señala el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY) Marcos Alejandro Celis Quintal
· También se concluye que prevalezca ante cualquier situación el interés superior del niño y fortalecer al DIF para la vigilancia de los menores adoptados
· Se propone la cración de un Centro Nacional de Evaluación y un esquema para selección de jueces basado en un esquema de “competencias”, es decir, conocimientos, aptitudes, habilidades y valores.
Mérida, Yucatán a 8 de septiembre de 2012.- Mayor eficacia en la investigación procesal, capacitación y profesionalización, así como respeto e involucramiento de la víctima en los procesos, son algunas de las conclusiones de las mesas de trabajo de la “2ª reunión nacional de Jueces, Consejeros de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales” que se realizó en esta ciudad con la asistencia de más de 250 funcionarios judiciales de todo el país.
El Magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva leyó las conclusiones generales, incluyendo las que se obtuvieron de las mesas “retos y perspectivas del derecho penal”; 2temas actuales del derecho civil y mercantil”; ”tendencias contemporáneas del derecho familiar; administración, vigilancia y disciplina de los Poderes Judiciales”; y “modelos en la formación y capacitación judicial”. También se incluyó una serie de consideraciones relativas la reforma constitucional en materia de derechos humanos y control de convencionalidad.
Al término de dicha lectura, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY) Marcos Alejandro Celis Quintal, dirigió unas palabras a los asistentes.
“La justicia esta cambiando porque la sociedad requiere mayor certeza jurídica y que nadie pueda estar privado de su libertad injustamente. Tenemos que gestar política judicial que genere condiciones de justicia que castiguen al culpable y exonere al inocente, pero que no tolere la impunidad, un sistema de justicia en el que la gente culpable repare daño cometido”, expresó.
En referencia a las profecías mayas, el Magistrado Celis Quintal señaló: “este sexto Ahau será el inicio de una nueva era en la justicia, como este siglo ha sido llamado a ser el Siglo del Poder Judicial”.
Indicó que la Reunión fue exitosa. “Nosotros pusimos el lugar y ustedes el conocimiento”, expuso.
“El intercambio de experiencias nos servirá para aprender de lo que ha sido exitoso en otros estados y otros estados se llevarán como ejemplo experiencias que en Yucatán han sido exitosas” dijo el Presidente Celis.
Una de ellas es la iniciativa federal para que los poderes judiciales tengan cuando menos el 2% del presupuesto estatal, tal como ya está establecido en Yucatán, contribuyendo así a la independencia de los Poderes Judiciales de los estados.
En su momento, el Presidente de Conatrib, Baruch Delgado Carbajal, señaló que los trabajos concluyeron satisfactoriamente.
“Durante el desarrollo de esta reunión nos hemos conocido más y los resultados han sido positivos, llevamos muchas tareas por realizar”, expuso.
Delgado Carbajal indicó que la Conatrib exhorta a sus integrantes para que los trabajos aquí realizados sean un estímulo a nuestro trabajo cotidiano.
Finalmente, resaltó la grata participación de dos figuras internacionales, Eduardo Ferrer Mac Gregor y Manuel Atienza Rodríguez, quienes con su disertación en el evento dejaron constancia del reconocimiento que se han ganado a nivel mundial.
Algunas de las conclusiones que se leyeron respecto de la mesa penal fueron:
El auto de vinculación a proceso debe prevalecer mientras no exista una policía ministerial y un ministerio público confiables, pues se requiere la figura de un juez de control que vigile la actuación de dichas autoridades.
Se sugiere que la capacitación y profesionalización de los operadores sean los ejes rectores para la implementación del sistema acusatorio.
Es conveniente procurarse una mayor eficacia en la investigación por parte de la policía ministerial y asimismo por parte del ministerio público debe existir una lealtad en el ejercicio de la acción penal.
Se debe procurar que la victima tenga la posibilidad de ejercer los derechos que a favor de ella consagra la Constitución, ya sea personalmente o a través de un representante legal y asimismo debería permitirse a la victima coadyuvar desde la primera etapa del proceso, concretamente a partir de la formulación de la imputación.
En la Mesa 2. Temas Actuales del Derecho Civil y Mercantil, se concluyeron varios temas, entre ellos los siguientes:
En la materia de la oralidad mercantil no se ha recibido el apoyo económico contemplado en los artículos transitorios de las reformas al Código de Comercio.
Se promueva una iniciativa de reforma de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio para que queden claros y armonizados con el numeral 1339 del citado ordenamiento, respecto a la irrecurribilidad y no inapelabilidad en materia mercantil.
Respecto de la Mesa 3 Tendencias Contemporáneas del Derecho Familiar se destacaron las siguientes conclusiones:
Regular la indemnización que corresponde al cónyuge que quede al cuidado del hogar y de los hijos. En el caso del Distrito Federal y del Estado de México, dicha protección económica no debe ser calculada matemáticamente sino a la luz de las circunstancias de cada caso, apoyados en la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales vinculantes.
Se requiere que haya uniformidad para amparar el derecho alimentario, por ello se pretende que se legisle sobre las medidas para garantizar las pensiones alimenticias, el embargo procesal y el procedimiento de ejecución.
Siempre debe prevalecer ante cualquier situación el interés superior del niño. Igualmente se sugiere que para salvaguardar los derechos de los menores de edad involucrados en un litigio, deben ser apoyados mediante un tratamiento psicológico.
El interés superior del menor en la adopción debe prevalecer; para lo cual, deben crearse los Centros de Convivencia a cargo del Estado, para vigilar la completa integración de los padres con el menor de edad adoptado.
Se debe fortalecer al DIF para la vigilancia de los menores adoptados y continuar autorizado para expedir los certificados de idoneidad, pero no solamente dicha institución debe estar facultada para ello, sino cualquier otra, que cuente con los medios y el perfil para hacerlo.
En el tema relativo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y control de convencionalidad, que fue tratado en las tres primeras mesas de trabajo, se concluyó, entre otras cosas que debe llevarse a cabo un un método para ejercer el control difuso de convencionalidad.
“Con motivo de esta nueva responsabilidad, es necesario que los juzgados y tribunales locales se asuman como garantes de la Constitución General y las normas de fuente internacional que reconocen derechos humanos”.
La primera etapa es identificar los derechos humanos en juego, la segunda Etapa: identificar el contraste normativo. La forma de hacer explícito ese contraste es ubicar el marco normativo interno y resaltar como se resolvería el caso si sólo se aplicara aquél, y posteriormente, ubicar el marco normativo internacional y resaltar como re resolvería el caso si sólo se aplicara éste.
Tercera Etapa: razonar cuál de ambos marcos normativos resulta el más favorable para extender la protección de las personas. Si lo es el interno, así termina el ejercicio. Si lo es el internacional, se avanza a la siguiente fase.
En la mesa de Administración, Vigilancia y Disciplina de los Poderes Judiciales se concluyó, entre otras cosas:
La obligación de intervenir en la jurisdicción concurrente, el traslado de competencia en materia de narcomenudeo a las entidades federativas, y en la coyuntura de la implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal, hace que deba exhortarse al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a coadyuvar conjuntamente en la elaboración de una legislación que garantice un mínimo presupuestal a los poderes judiciales de los Estados.
Se propone que la Comisión Nacional de Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) impulse mediante las vías pertinentes una reforma a la Carta Magna que establezca que las entidades federativas no pueden destinar menos del 2% de su presupuesto total. O bien, otra opción sería que la CONATRIB proponga una reforma que establezca que se asignen partidas presupuestales especiales por concepto de apoyo a los poderes judiciales locales.
Los consejos de la judicatura deben elaborar dictámenes de evaluación que reflejen una panorama de la conducta diaria del juez compuesta de sus principios éticos y capacidad de juzgadores, para que mediante estos elementos sea viable determinar con certeza si los jueces deben conservar su encargo o no. Los aspectos administrativos no deben ser tomados en cuenta en el dictamen derivado de la reforma en materia de justicia penal de 2008.
En cuanto a Modelos en la Formación y Capacitación Judicial, se establecieron diversas conclusiones, entre las que destacan
La creación de un Centro Nacional de Evaluación, sería una estrategia a mediano o largo plazo, una vez satisfecha la homologación de conocimientos, métodos de enseñanza y herramientas pedagógicas.
Se debe migrar -de la enseñanza tradicional que impera en la educación judicial-, al esquema de “competencias”, basado en conocimientos, aptitudes, habilidades y valores.
